En la sesión del 14 de julio de 2010 sobre la Ley de Glaciares.

Sr. Presidente (Fellner).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Piemonte.- Señor presidente: me permitiré felicitar a mi compañera de bloque, porque ha descripto con absoluta claridad la situación que hemos atravesado en los últimos tiempos.
Para no reiterar conceptos que ya se han vertido en esta sesión quería tomar algunos comentarios que hizo el señor diputado Rossi cuando en esta Cámara tratamos el tema de la UNASUR. Durante esa sesión manifestó que la discusión que se viene en el mundo es por los recursos naturales. Esto lo planteó en el marco de la potencialidad que tiene América del Sur en cuanto a sus recursos naturales. La verdad es que compartimos esa visión. Es más, varios diputados ya han dicho que lo que aquí está en juego es el agua, que no sólo tiene importancia estratégica para el país y la región, sino también para el conjunto de la humanidad.
Lo que no nos queda claro es cómo compatibiliza el oficialismo esa posición, al plantear la defensa de los recursos naturales, con el veto de la señora presidenta de noviembre de 2008 a una ley que había sido aprobada por unanimidad en ambas Cámaras. No entendemos cómo compatibilizan el argumento de que están a favor de la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente con un veto que permitió que se siguiera desarrollado la megaminería a cielo abierto, que utiliza grandes cantidades de cianuro en varias provincias argentinas.
Decía bien hoy el señor diputado Bonasso que Europa acaba de prohibir el uso del cianuro en la minería, luego del vertimiento de 100 mil metros cúbicos de cianuro en el río Danubio, lo cual provocó una de las catástrofes ambientales más grandes de Europa del Este.
Al escuchar el discurso del oficialismo caemos en la cuenta de que una vez más se apela a la capacidad discursiva para construir un relato utilizando el doble discurso, donde se dice una cosa y precisamente se hace lo contrario.
Tal vez el ejemplo más palmario sea decir “asignación universal por hijo”, cuando todos los que estamos acá sabemos que no es universal; o decir: “vamos por la estatización de los recursos del sistema jubilatorio”, y después sostener que con esos recursos no se dará el 82 por ciento móvil para seguir destinando los recursos de la ANSES para otros usos.
Por eso también el oficialismo dijo que iba por una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares, aunque luego vetó la ley y sancionó otro proyecto en el Senado que precisamente habilitaba la actividad de Barrick Gold en áreas periglaciares.
Tal vez los presupuestos mínimos que plantea el oficialismo sean tan mínimos que esos presupuestos terminan no protegiendo nada.
Lo cierto es que yo prefería discutir sobre la cuestión de los recursos naturales que planteaba el señor diputado Rossi. Obviamente que nosotros cuestionamos el veto de la señora presidenta. Ya lo ha dicho la señora diputada Reyes: de haberse promulgado aquella ley hoy la Barrick Gold no estaría funcionando en un área periglaciar.
Esa empresa –la Barrick Gold-, por medio de la ley de inversiones mineras, recibe beneficios comerciales, financieros y tributarios. ¿Por qué no hablamos de la ausencia total del Estado en materia de fiscalización y control de la actividad minera? ¿Por qué no hablamos del desaduanamiento que se produce por el hecho de que las mercaderías llegan en containers a las empresas? ¿Por qué no hablamos de los puertos privados? ¿Por qué no hablamos de los puertos patagónicos? ¿Por qué no nos explican cómo hizo la Barrick Gold para pasar de un capital de 1.700.000 pesos en siete años de kirchnerismo a uno de 41.875.000 pesos? ¿Por qué se la eximió del régimen de retenciones mineras?
Es cierto que eso fue llevado a la Justicia, como ha dicho la señora diputada Reyes. Se llevó a la Justicia porque gran parte de esos beneficios se alcanzaron con acuerdos secretos e irregulares con esa empresa.
Es cierto también que el proyecto de la Barrick Gold hoy ya está dañando las áreas de los glaciares. La bióloga Micaela Heisig ha mostrado fotos que documentan el daño producido por la empresa, depositando material sólido ya sobre el Glaciar Esperanza, produciendo una oscuridad que implica mayor radiación y derretimiento más rápido.
También es cierto lo que ha dicho el señor diputado Bonasso de la cantidad de agua que se necesita para la lixiviación. Es necesario plantear el riesgo que significa el depósito de agua contaminada en diques de cola en zonas precisamente de movimientos sísmicos. Esto implica un claro riesgo para la vida.
Por eso preferimos seguir discutiendo el tema desde los recursos naturales y la defensa estratégica de dichos recursos y el medio ambiente.
En temas como estos, como ocurrió con la UNASUR o en la discusión de trata, no deberían existir diferencias entre oficialismo y oposición. Hay temas que deberían unir a los diputados, porque no tienen que ver con cuestiones puntuales del gobierno, salvo que ese gobierno tenga intereses en esas empresas.
Acá tengo los datos de lo que se cobra a la Barrick Gold en concepto de impuestos en Canadá. Paga el 43 por ciento de impuesto a la renta, mientras que aquí se la beneficia con un sistema impositivo escandaloso.
A veces parece que repetimos la historia. Escuchaba al diputado que habló en defensa del dictamen del oficialismo, como también al señor diputado Gioja, que se refirieron a los beneficios que significaba el hecho de que la empresa se instale en San Juan: beneficios laborales, riqueza para la región, etcétera. La verdad es que a veces deberíamos repasar un poco la historia. Son los mismos argumentos que hace cien años se dieron cuando se instaló La Forestal y se terminó con el quebracho en el Chaco. Son los mismos argumentos que se generaron en este país para la extracción del tanino, diciendo que se trataba de recursos para la región. Se dijo que era un proyecto creador de riqueza. También se le dio la potestad a una empresa y se le otorgaron beneficios impositivos escandalosos. En aquel momento sólo unas pocas conciencias advertían lo que el saqueo de los recursos naturales significaría para la región y para el país. Hoy se dice exactamente lo mismo, es decir, lo que significa ahora, pero nada se menciona sobre lo que va a significar en el futuro: una provincia desolada, sin trabajo, sin agua o con agua contaminada.
Por eso, hoy es Pascua Lama y Veladero y todos los emprendimientos mineros, pero también estamos discutiendo cuál es la ley, porque es la que prefigurará el modelo que le vamos a dar a este país para defender nuestros recursos de las empresas que vendrán a invertir, pero que también van a venir en función de la extracción de nuestras riquezas y recursos naturales.
Por eso hoy existe la posibilidad de acotar el desguace provocado por la política menemista en el área minera. El Código Minero otorgó beneficios impositivos escandalosos a las empresas mineras, y el gobierno nacional debería revisar su posición.
Tengo aquí el discurso del ex presidente Kirchner en oportunidad de inaugurar el plan minero 2004-2005, quien decía que el sector minero durante la década del '90, con cambios importantes en su legislación, tuvo un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente.
Me pregunto cómo se explica que a un gobierno que fue condenado incluso por el propio ex presidente, diciendo que dilapidó el patrimonio nacional, se lo reivindique sosteniendo que tuvo una correcta política minera. Esa política consistió en el plan de inversiones mineras y en el acuerdo federal minero, donde se establecieron exenciones impositivas escandalosas que hicieron de nuestros recursos mineros un “pase y llévese gratis”.
Más allá del logro de esta sanción del proyecto de ley de presupuestos mínimos de glaciares, nosotros seguimos denunciando la ausencia del Estado en la fiscalización y control de las actividades mineras. Insisto en que dicha ausencia del Estado pasa por el “desaduanamiento”, la posibilidad de que los containers lleguen directamente a las empresas y también por el hecho de que las empresas ponen las mercaderías en transportes propios y las llevan hasta los puertos privados sin ningún tipo de control, salvo la documentación respaldatoria. También pasa por los reembolsos en los puertos patagónicos, ya que a las empresas exportadoras se les reembolsa entre el 2,7 y el 7 por ciento.
Tal como decía el señor diputado Fiad, nosotros creemos que no solamente el artículo 41 es una manda constitucional que dice claramente que las actividades productivas no se pueden realizar si no es en beneficio de las generaciones futuras. No se trata solamente de una decisión constitucional sino que tiene que ver con la ética y con la política. Nosotros necesitamos defender los intereses nacionales, los recursos naturales y el futuro de nuestro país. (Aplausos.)